"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

6.14.- RECAPITULACIONES FINALES AL PRIMER VOLUMEN

Sin pretender llevar a cabo una recopilación exhaustiva, después de haber presentado el conjunto de los 198 cuadros estadísticos que contienen los resultados de nuestro tratamiento de los datos, quizá sea ahora el momento adecuado para proceder a resumir esquemáticamente algunas conclusiones de los distintos capítulos que hasta el momento se han abordado.

Como resultado de nuestra revisión legislativa esperamos haber aportado una panorámica general de la mecánica de las subastas y creemos haber contribuido a aclarar algunos aspectos jurídicos de su funcionamiento.

Con mucha frecuencia se ha atribuido a los gestores de la desamortización todo tipo de torpezas e irregularidades y se ha intentado interpretar todo el proceso como un conflicto de intereses de clase en el que la instrumentación del sistema de ventas parecía ideado expresamente para dejar fuera de juego a los sectores de población con menos cultura y recursos económicos. Si bien es cierto que sólo compraron los que tenían medios para ello, no creemos que ello pueda ni deba atribuirse al procedimiento de ventas que tras algunas dificultades iniciales quedó definitivamente perfilado a iniciativa de Mendizábal.

Mediante el recurso a la capitalización de las fincas como tipo de subasta en caso de ser su valor más alto que el de tasación, se logró sacar las fincas a la venta a un precio que cuando menos tenía presente la rentabilidad de las fincas en ese momento y a un interés que en principio suponía resarcirse de la inversión a un plazo de 25 ó 30 años según fueran fincas urbanas o rústicas. La combinación y actuación conjunta de la capitalización con el resultado de una evaluación pericial (que en el caso de las fincas grandes tendió a situarse por encima del valor de capitalización) nos parece el sistema más idóneo que pudiera pensarse.

Las ventajas de pago que brindó Mendizábal a los compradores al aceptar el papel por su valor facial, estuvieron al alcance de todos los interesados (compradores de bienes y redimentes de censos del clero regular), gracias a la posibilidad de abonar, casi desde los primeros momentos, el equivalente a metálico del montante de cada plazo. También hemos visto que el pago a metálico por el que la legislación de Espartero obligaba a la mayor parte de los compradores del clero secular significó, en contra de lo que ha sido la tesis más corriente, un verdadero endurecimiento de las condiciones de pago.

Hemos dedicado bastante atención al análisis del funcionamiento de las leyes electorales de 1836, 1837, 1845 y 1864 con objeto de ponderar el valor clasificatorio y caracterizador de los compradores que aparecen como electores en esos censos. Creemos que la legislación de 1837 es igualmente útil para identificar a las clases medias de las grandes ciudades y en todo el ámbito provincial, siendo discutible, en todo caso, la posibilidad de calificar de tales a los electores que votaban en calidad 2.

A la hora de presentar los cuadros estadísticos con los resultados de las ventas hemos evitado entrar en comentarios de detalle sobre lo que se vendió en cada pueblo concreto o de cada institución determinada. Con todo, creemos que muchas de esas tablas pueden ser útiles como primera aproximación a posibles estudios futuros que aborden un ámbito geográfico más reducido.

El rasgo que nos parece más significativo de todo el proceso estriba en lo que hemos calificado de "parsimonia" en la dosificación del ritmo de ventas: a lo largo de diez años, las ventas de cada año casi suponen exactamente un 10% del valor global de anuncio de todos los bienes. Y si bien las fincas urbanas de mayor calidad (tanto del clero secular como del regular) parece que tienden a venderse las primeras no se puede afirmar lo mismo de las de carácter rústico.

Otro rasgo a destacar es la escasa extensión agrícola que fue desamortizada desde 1836 a 1851 en la provincia de Zaragoza. En la mayoría de los casos se trataba, indudablemente, de pequeñas fincas bien explotadas y de gran valor, pero no debe perderse de vista que en todo el conjunto provincial sólo afectó a 7.096 Ha (de las que unas 1.600 eran básicamente de pasto) distribuidas en algo más de 5.000 fincas.

Ligando este hecho con el de la lentitud en el proceso de puesta en venta hemos visto igualmente la inviabilidad de cualquier tesis que pretenda ligar el auge del carlismo en el Bajo Aragón con el hecho de un empeoramiento, en los años en cuestión, de las condiciones a que se vieron sometidos los cultivadores de las tierras del clero tras un hipotético cambio de propietarios.

La observación de los índices de mejora en subasta de las fincas ha sido objeto de constante comentario con miras a poner en evidencia la ambigüedad y multiplicidad de significados que posee el concepto pues lo hemos visto variar en función de las formas de pago, del valor de los bienes, del lugar en que se subastan, de si fueron anunciados por la tasación o la capitalización, etc.

También ha resultado de interés ver el comportamiento de ese índice en relación con los compradores o la forma de adquisición. Los grandes compradores, o los más importantes según las distintas categorías que hemos ido estableciendo, no obtuvieron índices de mejora inferiores en el sentido de que pudieran manipular las subastas ni tampoco se ha observado en la categoría de fincas que se cedieron después de ser rematadas.

Hemos aportado suficiente evidencia del pequeño tamaño de las fincas rústicas y de la voluntad de parcelar por parte de las Oficinas, a pesar de la incomodidad y nulo beneficio que suponía para ellas la administración posterior de esos pequeños lotes.

Al ocuparnos del ingreso en metálico que significó el arrendamiento de las fincas hasta el momento de su venta, se ha puesto de relieve que a la hora de valorar en conjunto los beneficios que supuso la desamortización para el Estado no es necesario intentar deducir los costos de gestión del total de recaudación por ventas. Y hemos visto, igualmente, que la complicada gestión administrativa a realizar desde el acto de subasta hasta la entrega de la finca al comprador, en una época en la que no existían los modernos medios de comunicación, resulta de una sorprendente agilidad.

Al estudio de los compradores de Zaragoza capital se le ha dedicado una considerable atención. Su importancia ya viene condicionada por el hecho de que los bienes urbanos de los distintos tipos de clero en la capital son muy abundantes. Pero los grandes compradores de la capital se caracterizan por comprar muchas pequeñas fincas fuera de los términos y partido judicial de la capital.

Tras observar la lista para las elecciones municipales de 1846, en la que aparecen ordenados por la importancia de su contribución los mayores contribuyentes de la ciudad se ha podido constatar la masiva participación de éstos en la compra de bienes desamortizados.